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Posted by on Mar 8, 2014 in Sin categoría | 0 comments

Un problema de salud pública

 

Yo NO estoy “a favor” del aborto. Ni creo que exista nadie con una mínima dosis de empatía que pueda decir que le gustan los abortos: a nadie le gustan. Como tampoco nos gustan las guerras, las injusticias o las desigualdades. No nos gustan, no nos gustan nada, pero existen, han existido y existirán.

Lo que se pretende y lo que deseamos, TODOS, es disminuir su número, conseguir que el aborto sea el último recurso, la última opción, el menor mal cuando hay mucho mal. Y es por eso por lo que estoy totalmente EN CONTRA de cualquier ley de salud sexual y reproductiva que no tenga entre sus principales objetivos el de reducir el número de abortos debido a embarazos no deseados. Y el anteproyecto de ley del que hoy hablamos es una de ellas, porque hacerlos ilegales NO los reduce. Las políticas restrictivas han demostrado provocar lo contrario: aumentar el número de abortos y hacerlos inseguros, clandestinos, caros, insalubres, tardíos y mortales.

Gilda Sedgh et al, publicó una revisión en el Lancet, en 2012 en la que exponía que de 1995 a 2008, 1 de cada 5 embarazos en el mundo acabaron en un aborto provocado. De ellos, el 49% (¡casi la mitad!) fueron abortos inseguros. 47.000 mujeres murieron y 8,5 millones sufrieron efectos adversos por haberse realizado un aborto en condiciones inseguras. Es decir: estamos hablando de un PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y DE SEGURIDAD DEL PACIENTE al que parece que vamos a volver a enfrentarnos en nuestro país.

Podemos reflexionar a quiénes y a qué ley llamar abortista y a cuál provida. ¿Qué nombre merece la que aumenta más el número de abortos clandestinos, de abortos tardíos y de muertes maternas?

La nueva ley deja además a las mujeres desprotegidas, invisibles, desiguales, invalida totalmente cualquier estudio y avance en diagnóstico prenatal y deja en una situación conflictiva e incierta a muchos profesionales sanitarios.

La decisión de tener un niño con anomalías, que no siempre es posible porque no siempre son detectables, debería ser una decisión libre. Actualmente lo es. La ayuda estatal ha de dirigirse a mejorar y garantizar siempre las ayudas a su vida postnatal.

España no tiene, contrariamente a lo que se dice, un número alto de abortos. Nuestros números están en el 12 por mil, equiparables a la media de Europa Occidental y muy muy por debajo de la tasa internacional (28 por mil). España tampoco clama por un cambio de ley, las encuestas muestran que más del 75% de la población española está a favor de la despenalización del aborto.

La ley vigente, con todos sus defectos, que los tiene y que critiqué ferozmente en su inicio hasta el punto de declararme objetora (por no incidir todo lo que yo deseaba en en el acceso a anticonceptivos y en educación y formación sexual) ha demostrado disminuir el número de abortos. En el 2012 se contabilizó un descenso global del 5,1% y los datos del 2013 presumen ser aún mejores. Con lo que he de agachar la cabeza, quitarme el sombrero y admitir que la ley del 2010 ha sido y es mejor de lo que creía. Porque no ha conseguido sólo eso: el 70% de esas interrupciones fueron realizadas antes de la semana 8 y todas lo fueron con total garantía sanitaria.

Si la ley actual ha demostrado disminuir el número de abortos y casi erradicar los inseguros, si es acorde con la realidad social y sanitaria del país. ¿Por qué cambiarla y volver cuarenta años atrás? Mejoremos, no empeoremos. Porque es empeorar lo que haremos. El anteproyecto de ley del que hablamos no se basa en pruebas, es incoherente, anacrónico, machista, clasista, abusivo, cruel, contraproducente y peligroso.